La llamada deuda externa ecuatoriana representa el severo endeudamiento que ha mantenido el país suramericano a lo largo de los años y que, como consecuencias generales, ha acarreados la desmejora de las condiciones de la vida de los ciudadanos del país. Este sobreendeudamiento encuentra sus causas más importantes en la época de los años ‘70 del siglo XX, en la cual, al igual que la mayoría de los países de Latinoamérica, comienza la explotación minera y petrolífera que empezaba a promover el gobierno de turno del General Guillermo Rodríguez Lara, quien adquirió el poder tras un golpe de estado. Sus ideas apuntaban hacia una economía de rentismo petrolero, ideas que se mantuvieron incluso después de ser derrocado en un golpe militar en 1976, ya que la junta miliciana que tomó el poder actúo en el aumento de la deuda externa a partir de los ingresos del petróleo con el objetivo de financiar los gastos públicos elevados y el déficit en la balanza comercial.
En un año la deuda se incrementó inmensamente. Muchos acreedores internacionales veían a Ecuador como un interesante y atractivo sujeto de crédito y su petróleo era considerado como una garantía perfecta para los créditos acordados. En ese sentido, para facilitar el proceso de petición de préstamos internacionales, en 1978 se modificó la Constitución Ecuatoriana, para eliminar el control sobre las políticas de endeudamiento del país, lo que conllevó al desarrollo de la corrupción a lo largo de los años.
Para el año 1981, la deuda ecuatoriana alcanzaba los 5850 millones de dólares en 1981. Este increíble incremento de los préstamos responde a la necesidad de la construcción de infraestructura para la explotación petrolera. Luego, en 1983, ante la dificultad que experimentaban las empresas privadas para cancelar sus acuerdos crediticios internacionales, el estado asumió el pago de las deudas con los acreedores y que los deudores originales retomarían lo prestado por el Estado al cambio del dólar de 1983, sin intereses y sin un periodo de amortización mayor al original. No obstante, dos años después en 1985, cuando la fecha del pago de la deuda había llegado para las empresas, el presidente de la época, León Febres-Cordero extendió el plazo de la devolución por 4 años más. Esto ocasionó que la deuda externa pública llegara a las 3.500 millones de dólares entre los años 1980 y 1984. De este modo se convirtieron en pérdidas públicas compromisos que correspondían a al sector privado.
A pesar de todos los esfuerzos, este proceso de la nacionalización de la deuda no sirvió y el gobierno del presidente Sixto Durán-Ballén, entre 1992 y 1996, tuvo que realizar un intercambio de la deuda pública por bonos Brady, pero esto solo logró aplazar la crisis económica que se avecinaba. Las consecuencias de todo este proceso se extienden hasta la actualidad.
